**publicado originalmente por mí mismo en More Than Green
Los BID (Business Improvement District o distritos de mejora empresarial, en castellano) son una forma de colaboración público-privada que se materializa en organizaciones privadas que comparten con la Administración la gestión de los barrios de una ciudad. La Comisión de Economía del Congreso ha instado al gobierno a que instaure en España estos barrios comerciales de gestión público-privada.
Estos barrios consisten en que los comerciantes con recursos paguen un impuesto a cambio de unos servicios públicos de mayor calidad, los cuales son gestionados por los mismos comerciantes. Por tanto, los BID se pueden considerar como organizaciones privadas autorizadas por las administraciones públicas que prestan servicios complementarios de mayor calidad tales como limpieza, seguridad pública, promoción y publicidad, embellecimiento y mejoras de los espacios financiados. Como decíamos, esta contribución extra es pagada de manera obligatoria por los dueños de las propiedades de los barrios o distritos.
Estos barrios consisten en que los comerciantes con recursos paguen un impuesto a cambio de unos servicios públicos de mayor calidad, los cuales son gestionados por los mismos comerciantes. Por tanto, los BID se pueden considerar como organizaciones privadas autorizadas por las administraciones públicas que prestan servicios complementarios de mayor calidad tales como limpieza, seguridad pública, promoción y publicidad, embellecimiento y mejoras de los espacios financiados. Como decíamos, esta contribución extra es pagada de manera obligatoria por los dueños de las propiedades de los barrios o distritos.
Esto tiene una doble cara: por un lado, la repercusión es muy positiva en los barrios en los que se instauran los BID, creando lugares limpios, seguros y atractivos para visitar, hacer compras, vivir o trabajar. Sin embargo, a cambio se precarizan los barrios adyacentes. Esta especie de ‘urbanismo premium’ tiene como consecuencia una ciudad con barrios de primera y de segunda categoría así como la privatización del espacio público, llegando incluso a coartar derechos civiles y libertades tales como el comercio tradicional o el activismo político, o desplazar (que no solucionar) la mendicidad.
Aquí un extracto de la noticia en EL PAÍS (se puede leer completa en el enlace del final del texto):
“El sistema que llevó de la degradación a la exuberancia a lugares como Times Square, la plaza por excelencia de Nueva York, puede llegar a España si prosperan los planes del Ministerio de Economía. Se trata de cambiar el modelo de gestión de un barrio o un distrito de una ciudad y encomendarlo a una nueva figura, el distrito de mejora empresarial (BID, por las siglas en inglés de business improvement district), en el que se entrega al menos una parte de su gobernanza a manos privadas. Esa figura ha supuesto la creación de zonas de primera más limpias, con más seguridad y mejores servicios. El PP ha presentado una proposición no de ley en la Comisión de Economía del Congreso instando al Gobierno a poner en marcha esta figura, ‘desarrollando los programas de incentivos y propiciando todos los cambios normativos que para ello fuese necesario’.
Casi medio siglo después de que se creara el primer BID en Toronto (Canadá), una veintena de países emplean ya esa figura. Asociaciones de comerciantes o empresarios asumen tareas que van desde el mantenimiento, la limpieza y la promoción del barrio hasta cuestiones mucho más polémicas como la seguridad. Todo depende de hasta dónde esté dispuesto a llegar el legislador y la entidad que se cree. La principal diferencia con las actuales asociaciones de comerciantes radica en que la pertenencia no es voluntaria: todos los comerciantes deben abonar una tasa que recauda el Ayuntamiento y que luego ingresa en las arcas del BID. ‘La fórmula permite eliminar la figura del free rider, es decir, del comerciante que no paga las cuotas, pero que se beneficia de las mejoras que consiguen los asociados que sí las abonan’, explica Helena Villarejo Galende, profesora de Derecho Público de la Universidad de Valladolid.
El grado de privatización del espacio público dependerá del legislador. Miguel Bratos, investigador de Sociología de la Universidad de Valladolid, prevé que el modelo español se basará en el británico y el norteamericano. El único documento que desarrolla las funciones de unos eventuales BID es la rechazada proposición del PSC. Este texto incluía actividades de promoción o regeneración comercial, pero también la mejora de ‘los grados de prestación de servicios públicos municipales, así como medidas que mejoren la vigilancia y la seguridad de las calles y los espacios urbanos donde se concentra su ámbito de actuación’.”
(+info)
(Vía EL PAÍS)
Aquí un extracto de la noticia en EL PAÍS (se puede leer completa en el enlace del final del texto):
“El sistema que llevó de la degradación a la exuberancia a lugares como Times Square, la plaza por excelencia de Nueva York, puede llegar a España si prosperan los planes del Ministerio de Economía. Se trata de cambiar el modelo de gestión de un barrio o un distrito de una ciudad y encomendarlo a una nueva figura, el distrito de mejora empresarial (BID, por las siglas en inglés de business improvement district), en el que se entrega al menos una parte de su gobernanza a manos privadas. Esa figura ha supuesto la creación de zonas de primera más limpias, con más seguridad y mejores servicios. El PP ha presentado una proposición no de ley en la Comisión de Economía del Congreso instando al Gobierno a poner en marcha esta figura, ‘desarrollando los programas de incentivos y propiciando todos los cambios normativos que para ello fuese necesario’.
Casi medio siglo después de que se creara el primer BID en Toronto (Canadá), una veintena de países emplean ya esa figura. Asociaciones de comerciantes o empresarios asumen tareas que van desde el mantenimiento, la limpieza y la promoción del barrio hasta cuestiones mucho más polémicas como la seguridad. Todo depende de hasta dónde esté dispuesto a llegar el legislador y la entidad que se cree. La principal diferencia con las actuales asociaciones de comerciantes radica en que la pertenencia no es voluntaria: todos los comerciantes deben abonar una tasa que recauda el Ayuntamiento y que luego ingresa en las arcas del BID. ‘La fórmula permite eliminar la figura del free rider, es decir, del comerciante que no paga las cuotas, pero que se beneficia de las mejoras que consiguen los asociados que sí las abonan’, explica Helena Villarejo Galende, profesora de Derecho Público de la Universidad de Valladolid.
El grado de privatización del espacio público dependerá del legislador. Miguel Bratos, investigador de Sociología de la Universidad de Valladolid, prevé que el modelo español se basará en el británico y el norteamericano. El único documento que desarrolla las funciones de unos eventuales BID es la rechazada proposición del PSC. Este texto incluía actividades de promoción o regeneración comercial, pero también la mejora de ‘los grados de prestación de servicios públicos municipales, así como medidas que mejoren la vigilancia y la seguridad de las calles y los espacios urbanos donde se concentra su ámbito de actuación’.”
(+info)
(Vía EL PAÍS)
